Los representantes de las cámaras inmobiliarias, de propietarios y de desarrolladores de viviendas, se mostraron dispuestos a resistir la polémica nueva ley de alquileres que impulsa el Gobierno. Aseguran que la ley, así como está escrita, traerá conflictividad entre inquilinos y propietarios y provocará un retiro masivo de propiedades en alquiler con el consiguiente aumento de los precios.
Las inmobiliarias pidieron la revisión de algunos temas. Entre otros, mantener en dos años el plazo de los contratos, la autonomía de las provincias en leyes arancelarias y de honorarios; el derecho al cobro de honorarios para las inmobiliarias; que no se incluyan, en el proyecto, las locaciones comerciales y que sólo quede involucrada la vivienda única, si se trata de paliar un problema social.
También, que la garantía sea a elección del propietario y que los alquileres se ajusten por el valor UVA, y no por el coeficiente de variación salarial e inflación (CVS/IPC), como proponen los inquilinos.